Radar Económico · Informe anual · 2024

En 2024 la economía española volvió a marcar máximos en términos nominales, pero con un avance real mucho más corto. El PIB a precios corrientes creció un 6,2%, hasta 1,592 billones de euros y desde 2018 acumula un 31,3%. En volumen, el aumento del mismo periodo se queda en el 8,9%. El empleo, la recaudación y el gasto público alcanzaron niveles récord y la inflación se moderó. El déficit, en cambio, dejó de corregirse en parte de las administraciones y la deuda bajó en proporción del PIB, pero siguió subiendo en volumen.

En la demanda, el gasto en consumo de los hogares, corregido de estacionalidad y calendario, sumó 883.785 millones de euros (+6,4%), con dos años seguidos de desaceleración. En términos reales, el consumo privado creció un 2,9% en 2024, pero desde 2018 solo acumula un 4,6%, frente al 20,8% del consumo público real, que avanzó un 4,1% en el año. La inversión real creció un 1,9% y queda apenas un 4,8% por encima de 2018. El PIB per cápita real se situó en 26.300 euros, un 4,2% más que en 2018. El PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo bajó del 93,17% al 89,77% de la media de la UE.

Por ramas de actividad, el VAB nominal alcanzó 1.452.583 millones de euros (+6,3%). En términos reales, el periodo 2018-2024 deja crecimientos amplios en información y comunicaciones (+31,5%), servicios profesionales (+25,2%) y actividades inmobiliarias (+20,5%). La industria avanzó un 2,4% y la construcción un 0,6%, mientras que la agricultura (–6,3%) y las actividades artísticas (–0,9%) retrocedieron. En la construcción y en la rama de administración pública, educación y sanidad, el empleo creció más que la producción y la productividad real por trabajador cayó un 17,4% y un 14,7%. En el comercio exterior, los servicios marcaron máximos: sus exportaciones llegaron a 203.164,0 millones de euros (+13,0%) y sus importaciones a 100.946,0 millones (+15,2%). Las exportaciones de bienes, en cambio, crecieron un 1,4% en valor y un 1,1% en volumen, sin superar el máximo real de 2022. El nivel de precios del PIB subió a 89,6 respecto a la UE27, su primer aumento tras tres caídas.

La inflación se moderó: el IPC general cerró 2024 con una media del 2,9%, frente al 3,2% de 2023, y el IPCA bajó del 3,4% al 2,9%. Los empleos no financieros de las Administraciones Públicas crecieron un 6,15% y acumulan un 43,6% desde 2018. Los ingresos crecieron al mismo ritmo o más. La recaudación tributaria neta alcanzó 294.734 millones de euros (+8,4%), con aceleración respecto a 2023 y los recursos no financieros sumaron 673.734 millones (+6,9%). Desde 2018, el IRPF ha crecido un 56,2% y Sociedades un 57,4%, hasta 39.096 millones. Especiales (+6,6%), IRNR (por encima de 4.000 millones por primera vez) y el resto de figuras (+9,3%) también crecieron. Las cotizaciones del Sistema de la Seguridad Social sumaron 164.434 millones (+7,27%) y las cotizaciones netas en contabilidad nacional, 210.337,0 millones (+6,8%).

El déficit del conjunto de las administraciones bajó al 3,2% del PIB y la deuda al 101,6% según Eurostat, 3,6 puntos menos que en 2023. Aun así, el volumen de la deuda llegó a 1.620.602 millones de euros. Los intereses pagados alcanzaron un máximo de 38.903 millones (+9,4%) y el tipo medio de la deuda del Estado subió al 2,214%. Por subsectores, el déficit sin corporaciones locales empeoró del 3,4% al 3,7% del PIB, porque el gasto creció un 7,7% y los ingresos un 7,0%. El deterioro se concentra en la Administración Central, cuyo déficit pasó de 29.822 a 47.310 millones con un gasto un 11,4% mayor. Las corporaciones locales registraron un superávit récord de 7.617 millones y la Seguridad Social mantuvo su déficit en 8.176 millones.

El empleo siguió creciendo a un ritmo algo menor. Los afiliados cerraron el año en 21.337.962 (+2,4%), de los que 3.072.624 trabajan en el empleo público (+3,1%) y los ocupados por habitante subieron al 45,3%. Según la EPA, los parados bajaron a 2.595.500 (–9,3%) y el paro registrado quedó en 2.560.718. El paro efectivo, que incluye a los demandantes de empleo con relación laboral, sigue en 3.392.583 personas y el gasto en prestaciones por desempleo creció un 4,7%. Las vacantes marcaron un máximo de 148.018. La productividad real por hora mejoró un 1,2%, mientras que el coste laboral unitario por hora creció un 4,2%. La remuneración por asalariado subió un 3,7%, hasta 40.213 euros y la subida salarial pactada en convenios se moderó al 3,25%.

En el tejido empresarial, el número de empresas inscritas apenas varió (+0,5%, hasta 1.344.934), mientras que sus trabajadores crecieron un 3,7%. La expansión se concentró en las empresas de 500 o más trabajadores, que ya reúnen el 36,4% del empleo. Los costes laborales marcaron máximos con subidas más moderadas: el coste salarial por trabajador creció un 3,8% y el coste por hora un 4,1%. Las horas no trabajadas aumentaron un 1,9% y las horas pactadas no variaron. Hay tres señales de tensión: 41.099 concursos, un gasto en incapacidad temporal de 16.487 millones y procesos de baja con una duración media de 42,86 días. En el comercio exterior medido por Aduanas, las exportaciones de bienes (+0,1%) y las importaciones (+0,2%) se mantuvieron planas y el déficit comercial quedó en 40.276 millones. El gasto de los turistas internacionales creció un 16,0%, hasta 126.143,23 millones. En sus series originales, el IPI avanzó un 0,7% y el comercio minorista a precios constantes, un 2,2%.

Los hogares recibieron una remuneración un 7,7% mayor, equivalente al 48,7% del PIB y su renta disponible superó 1,02 billones de euros. La tasa de ahorro subió al 13,6%. La deuda de los hogares bajó al 43,7% del PIB y los impuestos que pagan llegan al 9,9% del PIB. El consumo efectivo por habitante en paridad de poder adquisitivo cayó al 90,7% de la media europea. La tasa AROPE bajó al 26,1% y el coeficiente de Gini, al mínimo de la serie (31,2). El saldo migratorio fue de 626.268 personas. Las pensiones en vigor alcanzaron 10.281.477, con el mayor aumento de su serie y su nómina mensual llegó a 12.974 millones de euros.

El crédito dudoso cerró 2024 en su nivel más bajo desde la crisis financiera. La inversión extranjera bruta subió un 22,2%, hasta 38.291 millones de euros, impulsada por Madrid (+46,9%) y por el Reino Unido (+227,7%), mientras que retrocedió la procedente de Estados Unidos, Francia y Alemania y la de China se quedó en 101,9 millones. En la muestra del Observatorio de Márgenes Empresariales, el número de empresas cayó un 8,1%. La cifra de negocios alcanzó un máximo de 2.488.822 millones y el resultado bruto de explotación subió hasta el 13,1% de las ventas.

En el plano territorial, Andalucía creció un 4,4% en términos reales y su PIB per cápita subió a 75,6 sobre la media española, mientras que A Coruña bajó a 94,9. El gasto público por funciones sumó 725.001 millones de euros (+6,6%), con máximos en protección social (297.532 millones), salud y educación y con la única caída en vivienda. El gasto autonómico ascendió a 268.013 millones (+6,5%). Los ingresos regionales crecieron un 10,5%, la mayor tasa de su serie y el déficit de las comunidades se redujo al 0,2% del PIB. La presión fiscal subió al 37,3%. El periodo medio de pago de la Administración Central bajó a un mínimo de 25,53 días y el de Andalucía subió a un máximo de 26,13.

Este resumen recoge todos los indicadores del informe, que tienen lectura publicada. Los datos dejan cuatro tensiones. La primera, el déficit de la Administración Central casi se ha duplicado, con un gasto que crece por encima de los ingresos, mientras la factura de intereses marca máximos. La segunda, la productividad por hora avanza menos que el coste laboral unitario. La tercera, el crecimiento real por habitante sigue siendo escaso y España pierde posiciones frente a la UE en renta y consumo. La cuarta, los concursos, la incapacidad temporal y el paro efectivo se mantienen en niveles muy superiores a los de 2018.

Si atendemos a las cifras en bruto, el Producto Interior Bruto nominal de España creció un 31,3% en el periodo, pasando de 1,21 billones de euros en 2018 a 1,59 billones en 2024. A primera vista, podría parecer un avance notable, pero este crecimiento se explica en gran parte por el efecto de la inflación. Una vez descontado este factor, el PIB real apenas aumentó un 8,9% en seis años, lo que equivale a un modesto 1,4% anual.

De hecho, en 2024 la economía española apenas superaba ligeramente el nivel alcanzado en 2019. La pandemia no solo borró de un plumazo una década de avances, sino que la recuperación posterior se ha sustentado más en la subida de precios que en un verdadero incremento de la producción y el bienestar. En la práctica, esto significa que España ha vivido un lustro casi perdido en términos de progreso real.

El consumo privado, tradicionalmente el gran pilar de nuestra economía creció un 26% en términos nominales. Sin embargo, una vez eliminada la inflación, ese crecimiento se reduce a un exiguo 4,6%. En otras palabras, los hogares gastaron más dinero, pero pudieron comprar poco más que antes. El poder adquisitivo se erosionó por el encarecimiento de los bienes y por el aumento de la presión fiscal, lo que se tradujo en una sensación de estancamiento en la vida cotidiana de las familias.

El consumo público, en cambio, sí mostró un crecimiento más dinámico, con un incremento real del 20,8%. Durante la pandemia, el Estado multiplicó su gasto para sostener el empleo mediante ERTEs, reforzar la sanidad y mantener la educación. Y aunque la emergencia terminó, esa expansión no se revirtió: el sector público consolidó un papel más intervencionista en la economía, aumentando su peso en el PIB de forma estructural.

La inversión, representada por la formación bruta de capital, apenas logró un avance real del 4,8%. Si bien se benefició temporalmente de los fondos europeos y de los planes de digitalización y transición energética, a partir de 2023 volvió a mostrar signos de agotamiento. La escasa capacidad inversora es una de las grandes asignaturas pendientes para un crecimiento sostenido.

El comercio internacional se convirtió en una de las grandes válvulas de escape para la economía española. Las exportaciones crecieron un 40% en términos nominales, destacando de manera especial los servicios, con un aumento del 55%. El turismo fue el gran protagonista de la recuperación, acompañado por la expansión de los servicios tecnológicos y de consultoría.

Las importaciones, por su parte, crecieron un 35%, muy influenciadas por la volatilidad de los precios energéticos. El resultado fue una balanza comercial que, tras hundirse durante los años de pandemia y la crisis energética, logró recuperarse con fuerza: en 2024 España cerró con un superávit de 68.000 millones, el doble que en 2018. Este repunte fue posible gracias a la caída de los precios de la energía y al vigor de las exportaciones de servicios, aunque persisten dudas sobre la competitividad de nuestras exportaciones de bienes industriales.

En términos de peso económico, el sector exterior llegó a representar más de un tercio del PIB, consolidándose como un pilar indispensable de la economía.

La estructura sectorial española revela una notable heterogeneidad. Algunos sectores han demostrado una gran capacidad de adaptación y crecimiento, mientras otros permanecen estancados o incluso en retroceso.

El sector primario (agricultura, pesca y silvicultura) aumentó su productividad casi un 40%, pero perdió empresas, empleo y peso relativo, hasta quedarse en apenas un 2,8% del PIB.

La industria creció un 31% en valor agregado y mejoró su productividad en un 20%, pero redujo su número de empresas y vio disminuir su peso en la economía. En comparación con la media europea, la industria española sigue siendo débil.

La construcción recuperó empleo y empresas tras la crisis financiera, pero su productividad apenas avanzó. Continúa siendo un sector intensivo en mano de obra, con poca innovación tecnológica.

El comercio y la distribución se consolidaron como el principal empleador privado, con casi un 40% del tejido empresarial y más del 30% del empleo nacional, pero su productividad sigue siendo baja.

Los servicios de información y comunicaciones mostraron un crecimiento dinámico, generando empleo y valor añadido en línea con la transformación digital, aunque sin grandes avances en productividad.

El sector financiero y de seguros fue el gran ganador del periodo: aumentó su valor agregado un 80% y su productividad un 76%, con apenas crecimiento en el empleo. Es el mejor ejemplo de un modelo apoyado en digitalización y eficiencia.

Las actividades inmobiliarias mantuvieron su peso estable en torno al 12% del PIB, con la productividad más alta de toda la economía, aunque su capacidad de generar empleo sigue siendo mínima.

Los servicios profesionales crecieron con solidez y albergan casi el 15% del empleo nacional, pero su productividad permanece estancada.

La administración pública, la educación y la sanidad se consolidaron como el primer empleador del país, con más de una quinta parte de los trabajadores. Sin embargo, la productividad en este sector permaneció plana, lo que refleja los límites de la eficiencia en los servicios públicos.

El balance general muestra una economía apoyada en sectores de gran volumen, pero baja eficiencia (comercio, administración, servicios profesionales) y otros de altísima productividad, pero poco empleo (finanzas, inmobiliario).

La creación de empleo en el periodo fue moderada y en buena medida dependió del sector público. España redujo su tasa de paro oficial, pero el desempleo juvenil siguió siendo muy elevado, con más de 475.000 jóvenes sin trabajo en 2024.

La productividad laboral por hora trabajada alcanzó máximos históricos, pero la productividad por persona empleada se estancó, reflejo de un modelo donde el empleo crece en cantidad, pero no en calidad. La temporalidad, la rotación y la baja estabilidad contractual siguen siendo rasgos característicos del mercado laboral español.

La expansión del gasto público fue uno de los rasgos más definitorios del periodo. El consumo público creció un 38% en términos nominales y su peso en el PIB aumentó de forma estructural. La recaudación tributaria también subió, pero impulsada principalmente por la inflación, no por una mayor base de actividad económica.

La deuda pública alcanzó máximos históricos, aunque la ratio deuda/PIB se moderó gracias al crecimiento nominal. Sin embargo, los intereses de la deuda aumentaron más de un 11%, lo que reduce el margen fiscal futuro. El modelo fiscal español continúa descansando sobre el IRPF, el Impuesto de Sociedades y el IVA, lo que penaliza el consumo y afecta especialmente a hogares y pequeñas empresas.

Los hogares españoles fueron los grandes perdedores del periodo. Su renta disponible creció menos que el PIB, mientras que su capacidad de ahorro se redujo de forma persistente. La presión fiscal aumentó por la vía de impuestos y cotizaciones y aunque la deuda familiar no se disparó en términos absolutos, su peso relativo sobre la renta disponible aumentó.

El resultado fue un deterioro del bienestar económico: más gasto destinado a consumo básico, menos margen para ahorrar e invertir y una creciente sensación de vulnerabilidad financiera.

Debilidades: baja productividad por persona, alta dependencia del turismo y del consumo interno, deuda pública elevada, fragilidad de los hogares y paro juvenil persistente.

Amenazas: pérdida de competitividad en exportaciones de bienes, presión fiscal que frena inversión, sobreendeudamiento familiar y estancamiento del PIB per cápita.

Fortalezas: potencia exportadora en servicios, avance de la digitalización, recuperación industrial parcial y récord de productividad por hora trabajada.

Oportunidades: diversificación productiva, impulso a la transición digital y verde, políticas de empleo juvenil y refuerzo del tejido pyme.

El balance de 2018 a 2024 es el de una economía que logró recuperarse en términos nominales, pero que apenas avanzó en términos reales. España depende en exceso del turismo, del sector público y de la inflación para sostener su crecimiento, mientras que la inversión y la productividad real siguen siendo insuficientes.

El mercado laboral sigue mostrando desequilibrios estructurales, con desempleo juvenil elevado y una calidad de empleo limitada. Los hogares han perdido poder adquisitivo y capacidad de ahorro y el Estado ha ampliado su deuda y gasto a niveles que comprometen la sostenibilidad futura.

El reto estratégico pasa por reforzar la inversión productiva, mejorar la competitividad industrial, digitalizar los sectores de baja eficiencia y diversificar la economía más allá del turismo y la construcción. Solo así España podrá aspirar a un crecimiento real sostenido y a una mejora tangible del bienestar de sus ciudadanos.

Con la información trabajada en este Radar Económico, hemos preparado un resumen DAFO con las siguientes ideas: